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Y es que uno de los efectos negativos de la crisis ha sido el incremento del número, la complejidad y la transcendencia de los conflictos de consumo con consecuencias dramáticas para los consumidores (pérdida de vivienda, cortes de suministros o servicios esenciales…). Este aumento de los conflictos ha causado el colapso, ya no sólo de los órganos judiciales, sino también de las vías de resolución de conflictos alternativas a la vía judicial (reclamaciones administrativas y arbitraje de consumo). La saturación de los órganos de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial, la dilación de los procedimientos y su elevado coste público obliga a buscar nuevas alternativas rápidas, eficaces y eficientes que generen mayor confianza en los consumidores y resulten sostenibles para el erario público.

Durante la Jornada, la subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Milagros Yagüe, explicó que es preciso trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva de la UE de resolución extrajudicial de conflictos, lo que podría hacerse en los próximos meses. El objetivo de la directiva es que los estados miembros de la UE pongan, a disposición de los consumidores, sistemas de resolución de conflictos entre consumidores y empresas al margen de la Justicia. Además, se trata de acreditar a entidades de resolución que cumplan los requisitos de calidad a los que obliga la directiva comunitaria.

En esta Jornada, el Secretario General de Hispacoop, Félix Martín Galicia, consejero del CES en nombre del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), expuso las observaciones realizadas por el CES Estatal y el CCU al anterior Anteproyecto Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, basadas fundamentalmente en la eliminación de los costes en los procedimientos y la consideración de los límites como causas de inadmisión a trámite.

Por todo ello, manifestó, que el Consejo Económico y Social de ámbito Estatal, espera una nueva redacción del Anteproyecto, que espera cuente con tres líneas básicas fundamentales:

-La apuesta decidida del Gobierno por el actual Sistema Arbitral de Consumo.

-El refuerzo de las garantías de independencia, neutralidad, imparcialidad de los sistemas de ADR.

-Y la eliminación de las exclusiones de sectores al sistema que están poco justificadas.

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